Junio de 2020

Plan de reactivación de la economía

La salida de la crisis económica derivada de la COVID-19 será desigual en el mundo, dependiendo de la profundidad y duración del confinamiento, la capacidad y credibilidad de la política económica adoptada por los países y las vulnerabilidades de sus estructuras productivas.

En España se presenta un escenario de recuperación nada alentador – según la OCDE, de los peores para los países desarrollados – como consecuencia, entre otros, de los problemas estructurales y características que presenta su economía.

Así los pronósticos que ha publicado recientemente la OCDE son dramáticos para España. Si la economía consiguiera recuperarse paulatinamente en otoño, la estimación del crecimiento del PIB en 2020 sería del -11,1% y la estimación de la tasa de desempleo sería del 20%; sin embargo, en el caso de que se produjera un nuevo rebrote grave, escenario que contemplan cada vez más organismos, el PIB caería el -14,4% y la tasa de desempleo podría alcanzar el 25,5%. Esto supone, como se puede observar en la Figura 1, que España ocuparía la posición número 1 mundial en cuanto al impacto económico negativo como consecuencia de un segundo rebrote del virus.

Fig. 1 Impacto de la pandemia en el PIB si existe un segundo rebrote en otoño, por países

Consecuencia de un segundo rebrote, la OCDE estima que el nivel de Déficit Público se vería disparado en España al 12,6% y la Deuda Pública se vería incrementada en torno al 129% sobre PIB lo que supone paImra esta partida un incremento de 33 puntos porcentuales, el mayor crecimiento, como se puede apreciar en la Figura 2, de los países desarrollados.

Fig. 2 Impacto de un segundo rebrote en la Deuda Pública por PIB medido en incremento

Lamentablemente, el escenario de partida en España para hacer frente a la pandemia es el de una economía debilitada y condicionada, con un margen fiscal más estrecho que el de otras economías de nuestro entorno: elevado déficit público financiado con deuda, baja productividad, fragilidad del mercado de trabajo, alta dependencia del sector turístico, alta exposición exterior a países también en dificultades, tejido empresarial compuesto por pymes escasamente capitalizadas, puestos de trabajo no adaptables al teletrabajo y limitadas medidas de estímulo fiscal, de acuerdo a la Figura 3, si lo comparamos con otros países.

Fig. 3 Vulnerabilidad de las economías derivado del “efecto confinamiento”

Derivado de lo anterior, en Anthelex International entendemos que para afrontar semejante escenario – la mayor crisis económica de nuestra historia – es preciso cuanto antes dotar de la mayor certidumbre y seguridad jurídica al contexto para generar confianza en los ciudadanos, empresas e inversores. Para ello es necesario disponer de un plan de reactivación de la economía que se centre en aspectos tan relevantes como, entre otros, la financiación de las empresas, la empleabilidad de los ciudadanos, la moratoria fiscal y la racionalización del gasto público.

Se trataría de solventar los problemas a corto plazo (minimizar) y replantearse cómo impulsar la competitividad de las empresas (renovar) para mantener y crear empleo a medio plazo, redistribuir la riqueza y proteger nuestro bienestar.

Las empresas van a necesitar incrementar su capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de pago ante una drástica caída de ingresos que podría prologarse y acentuarse convirtiéndose en una verdadera crisis de demanda. La financiación avalada por ICO no está siendo suficiente y así muchas empresas competitivas están viendo cómo problemas de liquidez podrían transformarse en problemas de solvencia. El esfuerzo realizado en la última década por las empresas españolas que permitieron alcanzar un superávit en la balanza por cuenta corriente podría lamentablemente irse al traste si no se adoptan medidas.

Así, aparte de las necesarias medidas fiscales nacionales para dotar de liquidez al mercado y las tomadas bajo las reglas presupuestarias de la UE, consideramos vital por parte de España obtener el máximo rédito a las medidas de política económica adoptadas por la UE para asistir financieramente a los Estados, empresas y a los ciudadanos, como las facilitadas por el programa de compras de emergencia de deuda (pública y corporativa) frente a la pandemia del BCE (por valor de 870 mil millones de €), la financiación a empresas del Banco Europeo de Inversiones BEI (200 mil millones de € para financiar negocios), el Mecanismo Europeo de Estabilidad MEDE (240 mil millones de € para sufragar temas sanitarios) y el Instrumento de apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia SURE (100 mil millones de € para financiar escenarios laborales a corto plazo);  o la del Fondo de recuperación y construcción de la Comisión Europea cuya propuesta plantea la recepción a partir de 2021 por parte de España de transferencias por valor de 77 mil millones de € sin generar déficit, y préstamos por valor de 63 mil millones €.

La economía española deberá realizar un importante esfuerzo para hacer un uso eficiente de estos recursos, diseñando y evaluando convenientemente los proyectos financiables.

Un aspecto a tener en cuenta es que la financiación debería ser destinada a empresas viables. En este sentido, las empresas que hagan uso de la inteligencia empresarial podrán adaptar más fácilmente sus objetivos a los nuevos escenarios y reenfocar sus prioridades de gestión.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el impacto económico de la pandemia está siendo asimétrico por lo que no todos los sectores de actividad requerirán de las mismas necesidades de financiación.

De esta manera, por ejemplo, a corto y medio plazo aparecen como ganadores las empresas relacionadas con las TIC, la logística y servicios en torno al comercio

electrónico. Sin embargo, otras empresas, por ejemplo, relacionadas con sectores como el turístico, transportes e infraestructuras, con fuerte ponderación en nuestro PIB, han sufrido restricciones por el lado de la oferta y su recuperación a medio plazo se estima lenta y sujeta a transformaciones estructurales, de lo que se derivan mayores necesidades de financiación.

En este campo, la inteligencia económica puede jugar un papel importante permitiendo analizar el peso de la inversión pública y las prioridades en las estrategias de recuperación de los países.

Asimismo, en el terreno internacional, la caída estimada por la Organización Mundial del Comercio del comercio exterior de entre -13% / -32% o el descenso estimado por la UNCTAD de la Inversión Directa Extranjera de entre el -5% / -15%, junto con las tendencias de proteccionismo y un potencial Brexit duro, vaticinan una reducción de la presencia de las empresas españolas en los mercados internacionales por lo que es necesario que cuenten con instrumentos financieros de apoyo.

En esta línea, entendemos que son necesarios mecanismos de ayuda adicionales de liquidez directa a ciertas empresas y sectores (P. ej. turismo, automoción, etc.) como lo están haciendo por ejemplo, EE.UU, Canadá o Japón, y de préstamos participativos y de titulización de deuda corporativa como los realizados por Alemania.

Como se puede observar en la Figura 4, de acuerdo a las estimaciones del FMI, España está por debajo en las medidas fiscales de apoyo a las empresas respecto de países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.

Fig. 4 Medidas fiscales en términos de PIB, por países

Por otro lado, la recuperación de la actividad económica deberá hacerse sector a sector, realizando un diagnóstico de los problemas derivados de la pandemia y diseñando medidas a adoptar para mantener la actividad y frenar el decrecimiento del consumo, la inversión y del sector exterior.

Los puestos de trabajo y el número de empleos deberían adaptarse al nivel de actividad manteniéndose una protección adecuada para los desempleados. En esta línea, mecanismos como el alemán, más ágil en términos de ajuste, que permiten al ciudadano seguir trabajando un número de horas inferior por falta de actividad pero contrarrestando su pérdida salarial mediante una prestación pública, podrían ser una  vía alternativa a los ERTE.

Por otra parte, la recuperación de la actividad en el contexto COVID-19 exigirá mejoras de la productividad para garantizar empresas competitivas y sostenibles. Esta mejora está relacionada con la formación. El modelo alemán, por ejemplo, con el compromiso de las empresas y los sindicatos, incluye que los trabajadores dediquen tiempo a la formación durante el periodo de reducción de actividad. Esta formación podría ir orientada al campo de la digitalización.

Finalmente, y no menos importante, tenemos que tener en cuenta que la asistencia financiera de la UE no será ilimitada y los riesgos de una subida de la prima de riesgo se incrementarán si no se adoptan medidas de ajuste fiscal vía gasto que generen confianza en nuestros socios europeos y en los inversores internacionales. Este ajuste debería de contar con un amplio apoyo político y social y tendría que consistir en una racionalización del gasto público, reduciendo costes superfluos, mejorando la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos, y fomentando la inversión pública productiva.

Adicionalmente, habría que adoptar una política que permitiera adaptar y flexibilizar en el tiempo la carga fiscal de las empresas que sufran los mayores ajustes.

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