Extraterritorialidad de la FCPA norteamericana

La Foreign Corrupt Practices Act (en adelante, FCPA) es una Ley federal estadounidense que prohíbe que las compañías paguen sobornos a funcionarios, empleados públicos y figuras políticas de Gobiernos extranjeros. En el marco de la corrupción, la FCPA especifica los elementos que constituyen su vulneración: el pago corrupto a un funcionario o empleado de Gobierno o de empresa pública extranjera con el propósito de inducirle a actuar en contra de su deber legal y con la intención de obtener un beneficio.

La particularidad de esta norma reside en que hoy en día es una de las bases que componen los cimientos de la política de anticorrupción en el seno de las empresas, entre otras razones, por su eficacia extraterritorial y por la interpretación práctica realizada ya por el U.S. Department of Justice (DOJ) y la Enforcement Division of the U.S. Securities Exchange Commission (SEC).

Así la FCPA no resulta de aplicación exclusiva para las compañías residentes en E.E.U.U. o que se rijan por leyes estadounidenses o que coticen en un mercado de valores de E.E.U.U. o para personas físicas residentes en E.E.U.U. sino que surte sus efectos, por ejemplo, sobre empresas subsidiarias de empresas estadounidenses en el extranjero, sobre directivos no estadounidenses de estas empresas subsidiarias o sobre terceros (contratistas, subcontratistas, proveedores, distribuidores, agentes comerciales, consultores,…) que actúen en representación de los anteriores.

Nos encontramos por tanto ante la asunción de una importante responsabilidad de anticorrupción por parte de las compañías españolas en los innumerables supuestos en los que puedan representar y/o interactuar con compañías estadounidenses independientemente del territorio donde se realicen las acciones.

Por tanto, las compañías españolas deben de adquirir fuertes compromisos en materia de compliance aplicando medidas de vigilancia y control, que  además deberán acreditarse.

Y es que las consecuencias sobre las empresas que vulneren las disposiciones antisoborno de esta Ley podrían suponer fuertes multas promulgadas por el DOJ o la SEC que pueden alcanzar los 2 MM $ o el doble de la ganancia financiera bruta que se obtuvo como resultado del soborno efectuado y/o sanción civil de hasta 10.000 $, y para las personas físicas, sanciones civiles de hasta 10.000 $, multa de hasta 250.000 $ o el doble de la ganancia financiera bruta obtenida y/o hasta 5 años de prisión y/o decomiso de bienes.

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